CONSTITUCIÓN CDMX, VIGENTE

 

POR: RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

El pasado 17 de septiembre se realizó la declaratoria solemne de la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México. Esta nueva legislación —de gran importancia— generará diversas situaciones que vale la pena reflexionar.

En 1824 se aprobó la primera Constitución del México Independiente y se decidió instaurar una Federación cuyos poderes federales se asentaron en un Distrito Federal, determinándose establecerlos en la Ciudad de México.

La metrópoli que antes fue la sede del Imperio Azteca y del Virreinato de la Nueva España fue administrada mediante gobernadores designados por el presidente de la República en turno hasta el año de 1997, cuando por primera vez se eligió a un jefe de Gobierno, el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas.

La Constitución Política, Leyes Orgánicas y un Estatuto Orgánico —aprobados por el Congreso General— fueron los instrumentos jurídicos que rigieron la vida de la capital de la República, hasta hace unos cuantos días.

Como resultado de diversas reformas político-constitucionales, el concepto del Distrito Federal desapareció de nuestro sistema legal y se creó un nuevo estatus jurídico para la Ciudad de México, que es ahora una entidad federativa con plenos poderes, sin dejar de ser al mismo tiempo la capital del país.

La Carta Magna fue el resultado de los trabajos de una Asamblea Constituyente compuesta por cien diputados constituyentes, que sesionó del 15 de septiembre de 2016 al 31 de enero de 2017; y con fecha  5 de febrero del mismo año  fue publicado el decreto por el que se expidió la Constitución de la Ciudad de México.

La nueva Constitución obliga al Congreso capitalino a aprobar un cúmulo de leyes reglamentarias para adecuar el orden jurídico de la Ciudad, a más tardar el 31 de diciembre del 2020.

La norma fundamental local es una Constitución en extremo garantista que contempla una serie de cuestiones novedosas y de avanzada en materia de derechos, entre ellos: la autodeterminación de la personalidad y la muerte digna; derechos sexuales y reproductivos; derecho al agua y a su saneamiento; asimismo, garantiza un seguro de desempleo; la eliminación del fuero; la reelección legislativa y el uso médico y terapéutico de la mariguana.

Su entrada en vigor casi pasó inadvertida, tanto por el gobierno saliente como por el gobierno entrante. Llama la atención que aquellos actores políticos que impulsaron vehemente la creación de la Constitución local han dejado de darle un seguimiento puntual al reto de confeccionar lo necesario para cumplir en el tiempo establecido por el Constituyente de la Ciudad de México.

La nueva norma establece también el derecho que tiene toda persona de tener acceso a una buena administración pública, así como a recibir servicios públicos eficaces y eficientes.

Habrá que ver cómo se las arregla el nuevo gobierno de la ciudad y de las alcaldías para cumplir con tantos derechos y responsabilidades que esta Constitución consagra, para dotarlos, hacerlos efectivos y evitar el desencanto ciudadano cuando constate que muchos de estos nuevos preceptos no son más que buenas intenciones y elementos que en un largo tiempo serán imposibles de financiar y cumplir.

Como Corolario, las palabras del expresidente estadunidense Abraham Lincoln: “No se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy.”