IDEARIO Y MANIFIESTO DE LOS ABOGADOS SOCIALES PROGRESISTAS

Abogados Sociales Progresistas

El porqué de militar por la justicia.

El paradigma del siglo XIX era que a mejores leyes, mejores naciones. El siglo XXI ha dejado claro que las leyes per se no dejan un beneficio a las sociedades sino parten de entenderlas y asumirlas.

Nuestro sistema legal ha venido copiando instituciones y concepciones jurídicas, olvidando sistemáticamente idiosincrasia, posibilidades y cultura, esto es, que para los mexicanos la ley en ocasiones alcanza a ser un referente, por lo que es preciso redimensionar nuestra realidad social para luego dotarla de un marco jurídico funcional.

Es obvio, los gobiernos del neoliberalismo se engañaron creyendo que la democracia de cuño partidista y el capitalismo eran las herramientas para la felicidad pero fracasaron. Fracasaron en el mundo, es más, fracasaron en Estados Unidos.

Hoy día la globalización es una ilusión rebasada, hoy día se impone un cambio crucial, el de volver a principios elementales. Tenemos que volver a centrar la expectativa en función de los entornos y sobre todo, de las personas.

Los Abogados Sociales Progresistas somos la primera línea de defensa del Estado y de la sociedad. No pediremos permiso para tomar posición en los temas cruciales, pues tenemos la formación y hoy en día, cualquiera accede a la información.  Lo digo partiendo de una profunda reflexión con respeto, pero también con contundencia.

El régimen de López Obrador es la última oportunidad de los mexicanos para preservar la estabilidad y la paz. El país está en un estado general de crisis de seguridad y justicia, se ha apostado al cambio de modelo y con un gasto multimillonario se intenta instalar un sistema acusatorio sin jurado popular.

La fórmula no está funcionando. Es preciso entender que hay que recatalogar las penas, que éstas no deben partir de pruritos sociales impuestos por tendencias mundiales.

Aquel que delinque por pobreza debe ser absuelto con justicia. Se invoca la amnistía, palabra clásica que ha fundado la reconciliación mundial. Los medios y los actores defensores del decadente modelo, claman como si lo que se hubiera dicho fuera “persecución y venganza”, cuando lo que se está diciendo es “reconciliación y paz”.

El gobierno de López Obrador no puede ser un gobierno en torno a una personalidad. Tendrá que ser, más bien, un gobierno en torno a un acuerdo nacional.

Nosotros, diez mil abogados en 160 ciudades, postulantes y activos, asumimos nuestra lealtad hacia el Estado, nos comprometemos con la Cuarta Transformación y la impulsaremos partiendo de un diagnóstico crudo que los castos oídos de la comentocracia se han negado aceptar, porque los intereses los alcanzan.

Seis ejes de reflexión guiarán nuestro qué hacer.

1.- Nuestro marco legal vigente debe ser sometido a una profunda reconsideración funcional. ¿Cuáles crímenes tiene tras de sí la pobreza y la crisis de Estado?, ¿Cuántas leyes privilegian criterios impracticables diseñados para minorías casi inexistentes?

Necesitamos nuevas y mejores leyes que respeten el ingrediente idiosincrático que el marco legal nunca ha podido vencer. No más a copias burdas de leyes extranjeras, no más aposiciones de legisladores que buscan reflectores y no la creación de instituciones.

Convocaremos a un gran foro nacional de reorganización del marco legal y refundación del Estado para la Cuarta Transformación.

2.- El neoliberalismo impuso una falsa premisa sobre los sindicatos y el empleo. Nuestro sistema ha aceptado de siempre la desventaja del trabajador frente al capital, se crearon y privilegiaron sindicatos blancos. Sin embargo, este modelo que fue viable en el occidente capitalista, parte de una base salarial autónoma y de la profesión libre.

La fórmula es simple: a mayor ingreso del trabajador, menor desventaja frente al patrón. Pero como siempre en México se imitó el modelo sin partir de la certeza de la base, con salarios miserables, la única posibilidad frente al capital es la organización gremial. O subimos a ocho dólares la hora del salario mínimo o respetamos los contratos colectivos y las condiciones generales con sindicalismo auténtico. Es imposible pretender que con la base de ingreso actual que en promedio no alcanza los 5 mil pesos mensuales, entreguemos el control del trabajador a patrones golondrinos y a empresas que encuentran la forma de violar las garantías laborales.

3.- La Seguridad Pública no puede ser una función de las Fuerzas Armadas. El diagnóstico es crítico, el crimen organizado surge con una fortaleza sin precedentes cuando del ejército se proveen las bases de acción para el narcotráfico.

“Los Zetas” fueron el parteaguas de un narcotráfico dedicado al trasiego que se convirtió en un narcotráfico en guerra contra todos. La fórmula fue simple, se permitió la distribución y venta de drogas al menudeo para financiar los ejércitos privados de los cárteles; se inundó el país de armas y se dio el fenómeno de “derecho de piso” y “control de territorio”.

Un narcotráfico sin armas es inocuo al micro en torno, por ello es preciso encontrar el mecanismo para recoger fusiles de asalto y armas de alto poder, recatalogando las penas a sanciones y lanzando una enorme ofensiva legal en Estados Unidos contra los vendedores de armas en la frontera.

El fenómeno del narcotráfico ha sido consustancial al Estado moderno, lo que sucedió durante el “calderonato” fue que con recursos de la llamada “Iniciativa Mérida” se hizo el gran negocio de la guerra en México, se trató de una guerra interna.

Esto debe de terminar y terminar ya, debe de haber un pacto social y un desarme generalizado. Al exmilitar que se le encuentre con un arma en las manos debe de juzgársele con dureza y en el fuero militar, que la deserción implique las máximas penas.

4.- El compromiso social de la justicia. Es indispensable crear Estado, es indispensable que los técnicos del derecho entreguemos nuestro esfuerzo decidido por requilibrar la dramática situación en los penales del país y es indispensable que el Estado, no el crimen organizado y delincuencia organizada, controle los centros penitenciarios que nunca alcanzaron la posibilidad rehabilitadora; pero que ahora ni siquiera aspiran a tenerla, son viles centros de formación y control de los distintos carteles. Más nos valdría no tener ese régimen que padecerlo.

Es preciso que se generen criterios de justicia expedita y de medidas de control efectivas para que el 100% de los procesos sean llevados en libertad. El proceso penal en México es una pena adelantada y violatoria de todo derecho, la presunción de inocencia en prisión es la “hija bastarda” de la represión del Estado.

Exigimos a nuestros legisladores diagnosticar la situación y generar un marco regulatorio que use los centros para los sentenciados y entienda que la prisión debe ser un vínculo reconciliatorio con la sociedad y no el calabozo represivo del siglo XVIII, menos aún con un autogobierno que vuelve a hacer negocio con los pobres, además de privarlos de la libertad.

5.- Es indispensable potenciar y generar una regulación sobre nuestra Zona Económica Exclusiva. El territorio crece al doble si explotamos el mar territorial, México ha olvidado su responsabilidad frente al mundo porque ha olvidado en primera instancia su responsabilidad frente a sí mismo. El principio de la “no intervención” y el respeto a la autodeterminación de los pueblos plasmados en la “Doctrina Estrada” fue sínica y traidoramente abandonado por el neoliberalismo.

Para que México sea la potencia del siglo XXII que debemos heredar a nuestros hijos, tenemos que preponderarla frente a Iberoamérica y frente al mundo. Somos el conglomerado de habla hispana más importante y es el idioma español, el idioma occidental más hablado del mundo, sólo superado por el chino cuya acumulación le impide ser un lenguaje universal. Los que hablamos la lengua de Cervantes debemos defender las leyes de Juárez. Se nos acusará de retrógrados, pero en realidad somos los únicos que volveremos a México a su derrotero de grandeza internacional que se basa en el respeto y no en la agresión.

Recordemos a Lázaro Cárdenas del Río que por defender los intereses nacionales y financiar la expropiación tomó la riesgosa decisión de vender petróleo a las potencias del eje, y luego, de convertirse en comandante de las Fuerzas Armadas para combatir al imperio de Japón, demostrando con ello que el primer interés de los mexicanos es el propio y que en aras de defender nuestro interés nacional podemos tomar los márgenes que la historia reivindica.

Exigimos a nuestros legisladores revoquen en lo inmediato la participación de nuestras Fuerzas Armadas como fuerzas de paz en la ONU, México no debe tener fuerzas de tierra, mar o aire desplegadas en ningún territorio que no haya agredido a nuestros intereses. Hay más mexicanos en el ejército norteamericano que en el propio, suficiente riesgo es como para sumar la actividad militar en escenarios que nos son ajenos y en conflictos creados por intereses de las potencias. No hagamos a otros lo que no queramos para nosotros.

6.- Actuaremos constante y decididamente en relación con el Estado. Hacer ciudadanía también es defender a las instituciones, la Cuarta Transformación ha encontrado en nosotros al ejército ilustrado que dará la batalla del derecho, para dar al Presidente López Obrador el respaldo que requerirá para hacer que las cosas mejor funcionen.

El Presidente López Obrador plantado frente a la historia decretó, con el apoyo de millones de mexicanos, el fin del ciclo de la Constitución de Querétaro. Cada transformación del país ha traído por consecuencia un nuevo marco constitucional; hoy hay, en abuso de las facultades del Constituyente Permanente, una ley máxima sin marco ideológico claro. La secuencia histórica de las tres constituciones liberales y el ingrediente revolucionario de la Constitución del XVII requieren el enorme ajuste de la nueva visión social y el nuevo nacionalismo democrático. La siguiente Constitución debe defender los principios que heredó, que preconizaban que sobre los intereses particulares está el de la nación.

Las formas han cambiado y se han creado nuevos espacios de competencia económica. Con dinero del Estado se han malvendido a monopolios casi descarados, el esfuerzo de la nación. No queremos volver a la economía mixta que expropiaba por principio, pero necesitamos reponderar la idea que le dio materia: el Estado fuerte y responsable de sus ciudadanos que garantiza que ser mexicano es tener tras de sí el respaldo de las instituciones frente a los intereses.

Sí a más ciudadanos, pero sobre todo a más responsabilidad de esa ciudadanía. El desequilibrio en la concentración de riqueza y conocimiento genera categorías de mexicanos, unos empoderados y otros sujetos a las más duras presiones económicas y víctimas del crimen.

Un Estado responsable no puede ser el ente liberal puro que se pretendió, si ni siquiera cumple con la función que el capitalismo dio al gobierno de garantizar la seguridad pública. Se intentó implementar y mal, un modelo que en el siglo XX alcanzó su mejor etapa. Sin embargo, el siglo XXI, el de la ciudadanía comunicada, exige un Estado que también haga frente en los planos informativo y digital a la decisión destructiva de las instituciones nacionales.

El nivel de desarrollo de la ciudadanía en México exige el modelo de Estado-Nación, exige terminar con el desarrollo industrial y sembrar las semillas de la hoy inexistente era del conocimiento. Sin propiedad privada y clase media no podremos competir frente al mundo, no podremos sobrevivir a la futura crisis de escases de agua y petróleo, y no seremos viable como nación si no decimos ¡hasta aquí! a gobernantes que hacen negocios, pierden prestigio y destruyen el Estado.

Así pues, la Cuarta Transformación de México por necesaria congruencia implicará la profunda reforma conceptual, ideológica y legal que vuelva el poder a la vertiente popular y le permita crecer en lo económico. Reponderarse en lo político y generar las bases del estado de bienestar social, que para nosotros tiene nombre y apellido: régimen responsable de sus ciudadanos; ciudadanos aliados de sus instituciones y por supuesto combatientes de intereses creados, que en la destrucción de la relación sociedad-gobierno obtienen ganancias ilimitadas y con los medios de comunicación como arma: dividen, balcanizan y confunden a la ciudadanía destruyendo el Estado.

Se requieren nuevas instituciones, el Poder Judicial es una catástrofe, la premisa para acceder a él es la consanguineidad y la falta de compromiso con la justicia; la autonomía que Montesquieu programaba para los poderes partía de la legitimidad que estos debían proveer.

Exigimos que jueces, magistrados y ministros sean evaluados popularmente y elegidos en las urnas. Se ha generado una ínsula de decisiones al servicio del poder sin ninguna fuerza y con salarios deshonrosos que aplican las débiles conciencias de los que se creen dueños del Estado mexicano, de los que dicen tutelar la Constitución pero en realidad conspiran contra la justicia.

Es indispensable la elección popular del poder judicial y es indispensable la rendición de cuentas mensuales con auditoria de todos sus funcionarios, si esto no se hace se seguirá traicionando a México.

Lo que hoy se dice aquí es el inicio efectivo de la Cuarta Transformación. Apoyamos y seguiremos apoyando a López Obrador porque asumimos su compromiso con el mejor abogado de México: don Benito Juárez García.

Sabemos que la responsabilidad contiene las intenciones, por eso sabemos que este ideario que hoy proclamamos tendrá que pasar el tamiz del conservadurismo empoderado, pero como vanguardia del verdadero liberalismo planteamos el objetivo de alcanzar de lo que en México en materia de legalidad y justicia debe aspirar.