JUSTICIA CIVIL Y FAMILIAR. REFORMA PENDIENTE

 

Por: Raùl Contreras Bustamante

En anteriores colaboraciones editoriales hemos analizado algunas reformas a la Constitución que se aprobaron en esta administración y que no han sido implementadas por falta de la aprobación de sus respectivas leyes reglamentarias, así como por la carencia de las políticas públicas y presupuestos indispensables para su aplicación.

En esta ocasión haremos referencia a otra reforma constitucional de suma importancia para el país, que se publicó en el Diario Oficial el 15 de septiembre del año pasado, que modificó los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta enmienda —bautizada como “Justicia Cotidiana”— prescribe que en los juicios y procedimientos orales se podrá dar certeza por cualquier medio de su contenido y que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.

Asimismo, se les retiró la competencia a los Congresos de las entidades federativas para legislar sobre procedimientos civiles y familiares; y se le transfirió al Congreso de la Unión la facultad para expedir la legislación única, que deberá regir en todo el territorio nacional.

Según datos ofrecidos por el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2017 del Inegi, del total de los asuntos jurisdiccionales que se presentan en los tribunales, 40% corresponde a asuntos familiares y 32%, a asuntos civiles. Es decir, sumados ambos, representan 72% de los asuntos a resolver.

Esto quiere decir que los tribunales del país están atiborrados de litigios entre familiares, examigos, vecinos y exsocios.

La trascendencia de dicha reforma se debe a que ésta deberá impactar de manera relevante en la manera de actuar de los abogados que trabajan en estas dos ramas del Derecho. La intención de esta modificación constitucional es llevar al país entero a la instauración de la oralidad en la impartición de justicia familiar y también a la búsqueda de la pacificación del país.

Debemos construir una nueva cultura jurídica que privilegie la mediación y otros medios alternativos para la solución de controversias e ir dejando atrás tantos litigios y pleitos judiciales.

Si estamos conscientes de que México atraviesa por una crisis derivada de la violencia e impunidad, resulta imprescindible la implantación de nuevas prácticas que vayan construyendo una paz duradera. Para ello, necesitamos una sólida base social que haga que el cambio vaya de lo micro a lo macro, desde los grupos primarios y secundarios de la socialización, como la familia, los vecinos, la escuela, el trabajo, espacios recreativos, etcétera.

El decreto de la reforma constitucional señaló en sus artículos transitorios un plazo de 180 días para que el Congreso aprobara el Código Único en Materia Procesal Civil y Familiar, sin embargo, la legislatura pasada incumplió con su obligación. También se estableció la obligación a las legislaturas de las 32 entidades federativas para que adaptaran sus constituciones a los nuevos enunciados de la Carta Magna, lo cual tampoco ha sucedido.

El diseño de un ordenamiento tan importante exige tiempo, una amplia consulta jurídica y reflexión. Pero el Congreso no ha hecho declaración alguna de que sea una de las prioridades de su agenda próxima. Y creo que su importancia no es menor.

Como Corolario, la frase del economista alemán Ernst Friedrich Schumacher: “Hablar del futuro sólo es útil si nos hace actuar ahora”.