La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó pedir al Ministerio Público un juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez, líder del gobierno interino, por una serie de delitos cometidos en noviembre del año pasado, tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
Áñez está acusada de delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, genocidio y asesinato por los muertos y heridos de bala, ocurridas en noviembre pasado.
Además, se recomienda juicio ordinario a los ministros de Áñez y los jefes del alto mando militar y policial.
El documento de 120 hojas hace un repaso de los violentos hechos registrados en el municipio de Betanzos, Potosí (sudoeste); Montero, Santa Cruz (este); El Pedregal, Ovejuyo y Chasquipampa de la zona Sur de la ciudad de La Paz (oeste); el puente Huayllani en Sacaba, Cochabamba (centro); y la planta de Senkata, El Alto (oeste), lugares en los que se movilizó la población luego del abrupto cambio de gobierno de Evo Morales.
En el cierre de su legislatura 2015-2020, los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobaron el informe de la comisión especial legislativa que investigó los hechos luctuosos de noviembre del año pasado, tras la renuncia de Morales al gobierno agobiado por conflictos sociales y versiones de fraude electoral.
El titular de la comisión legislativa, el diputado Víctor Borda, anunció que en 24 horas se remitirá el informe al Ministerio Público que inicie las investigaciones y determine responsabilidades.
El legislador ratificó que informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), dependiente del Ministerio Público, evidenciaron que en la intervención policial en el puente Huayllani y en Senkata, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, al amparo del Decreto Supremo 4078 luego abrogado, usaron armas de reglamento, cuya consecuencia fue la muerte de la veintena de movilizados.
Borda explicó que en el caso del puente Huayllani los movilizados no usaron armas y que los 24 efectivos policías heridos no fueron alcanzados por impactos de bala.
“Hubo un uso indiscriminado de armamento letal, tanques, vehículos; el IDIF ha determinado las causas de la muerte de 26 personas (contando en otros conflictos) fueron por impacto de bala”, dijo el diputado.
Borda informó que la comisión accedió al plan operativo policial-militar de Senkata “Sebastián Pagador”.
El documento “determina qué tipo de armamento se ha utilizado; ellos han utilizado escopetas, fusiles FAL (Fusil Automático liviano) y Krin de calibre 5,56 y otras armas de 9 mm, y los muertos particularmente de Senkata son por proyectil de bala de 5,56 mm, de 9 mm y algunos de 22 mm, de uso reglamentario de la Policía, y de 7,62 mm (FAL)”, explicó.
El hallazgo contradice las declaraciones del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien en reiteradas ocasiones dijo que los movilizados se dispararon entre sí.
