Luego de varias jornadas de deliberaciones, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción sentenció a 10 años de prisión, a la expresidenta interina de Bolivia (2019-2020), Jeanine Áñez, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes locales.
La sentencia condenatoria de este proceso tuvo el voto unánime de los tres integrantes del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, Germán Ramos (presidente), Marco Antonio Vargas y Liz Avilés (jueces técnicos).
Además, con la misma condena de 10 años de cárcel fueron sentenciados el ex comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y el excomandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón.
En tanto, el excomandante de las FFAA, Sergio Orellana Centellas a cuatro años de presidio; el ex inspector general de las Fuerzas Armadas, Jorge Elmer Fernández Toranzo a cuatro años de cárcel; el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta a tres años, y el ex jefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce a dos años de prisión.
En las afueras del tribunal de justicia se concentraron centenares de personas que hacían vigilia, a la espera del dictamen de la sentencia del caso golpe de Estado II, en medio de clamores de justicia y la exigencia de 30 años de prisión para Áñez.
La comisión de fiscales que investigó el caso golpe Estado II, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado pidieron, por separado en sus alegatos, una sentencia de 15 años de cárcel para la ex senadora Áñez.
Este último fallo se dio cuando en su condición de senadora, cuando era segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, realizó acciones para asumir en 2019 la Presidencia interina de Bolivia de forma irregular, por eso se le siguió un proceso ordinario y no de privilegios, según la Fiscalía.
Áñez fue acusada por la presunta comisión de los delitos, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, tipificados en los artículos 154 y 153 del Código Penal.
Actualmente se encuentra recluida en el penal de mujeres Miraflores, de la ciudad boliviana de La Paz (oeste) desde marzo de 2021 y donde la justicia decidió que cumpla diez años de prisión.
El juicio oral en contra de Áñez y otros ocho involucrados comenzó el 28 de marzo pasado y la mañana de este viernes, en su última exposición de alegatos ante el Tribunal de Sentencia, la ex senadora insistió en que es inocente y afirmó que “volvería a hacer” lo que hizo durante la crisis de noviembre de 2019, cuando se proclamó presidenta en medio de la crisis política y social boliviana.
“Hice lo que tenía que hacer, asumí la presidencia por compromiso, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, siguiendo cada uno de los pasos y respetando todo lo que dice. Me siento muy orgullosa, y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad”, manifestó la exsenadora en sus alegatos finales.
Áñez inicialmente fue capturada en marzo de 2021, acusada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración dentro del proceso denominado golpe de Estado I, a instancias de la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.
Luego fue abierto otro proceso en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, que se denomina golpe de Estado II.
Este segundo proceso es el que tuvo mayor agilidad y es en el que Áñez fue juzgada por delitos cometidos antes de que asuma sus funciones como presidenta interina en la crisis de noviembre de 2019, pues no requería juicio de responsabilidades, que debe ser autorizado en la Asamblea Legislativa por dos tercios de votos.
El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.
Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado asumió la jefatura de dicho órgano legislativo y del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa, pero sin quórum ni asistencia de la bancada mayoritaria del MAS lo cual fue calificado como un golpe de Estado desde el Gobierno de Luis Arce y el oficialista MAS.
