La Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad de la Propuesta de Reforma a la Constitución (PEC) 10/15, enviada al Congreso durante el gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff. La PEC incluye entre las funciones del Ministerio Público promover la investigación civil y la acción civil pública para el decomiso de bienes y valores que sean producto de la actividad delictiva, improbidad administrativa o enriquecimiento ilícito. El texto ahora será analizado por una comisión especial .
La propuesta también determina que la Procuraduría General de la República y las procuradurías estatales, del Distrito Federal o municipales tienen competencia para interponer, junto con el Ministerio Público, las denominadas acciones civiles de extinción del derecho de posesión o propiedad.
El Relator de la CCJ, Diputado Helder Salomão (PT-ES) presentó opinión para la admisibilidad del asunto.
Según el gobierno, la PEC está respaldada por dos acuerdos internacionales firmados por Brasil: la Convención de Palermo (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transaccional), de 2004; y la Convención de Mérida (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) de 2006. Ambas convenciones establecen la necesidad de que los países firmantes tomen las medidas necesarias para permitir el decomiso.
El gobierno de la época argumentó que, al otorgar legitimidad al Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y las procuradurías estatales, municipales y del Distrito Federal para proponer acciones civiles públicas de decomiso, “el tema tratado originalmente sólo se amplió a las acciones civiles sobre la base de acciones delictivas, las cuales han mostrado una eficacia limitada en el logro de los objetivos trazados a nivel mundial en la lucha contra la corrupción”.
Reportaje – Murilo Souza
Edición – Ana Chalub
Fonte: Agência Câmara de Notícias