El titular de Justicia entregó un diagnóstico sobre los hechos de explotación sexual sufridos por menores bajo protección del Estado. Asimismo, coincidió en la urgencia de mejorar el trabajo del Ministerio Público.

“Lamentablemente, no hemos tenido mucho resultado”. De esta forma, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, comentó el trabajo del Ministerio Público en la investigación de abusos sexuales cometidos contra menores bajo protección del Estado.

El titular de la cartera expuso ante la comisión investigadora de la Cámara, ocasión en la que entregó el diagnóstico de la actual situación.

Larraín precisó que, entre los mayores problemas, está la falta de comprensión y visualización del fenómeno. A ello, se suma que, en muchas ocasiones, el niño, niña o adolescente no se percibe como víctima, debido al engaño del que es objeto.

Además, se registran otros factores, como la oportunidad de las denuncias y la cultura adultocéntrica que exige a la víctima acreditar el relato.

Rol del Ministerio Público

El ministro de Justicia señaló que es urgente mejorar las técnicas de investigación. Ello, porque tras las denuncias se instruyen pocas diligencias o estas se dictan de forma tardía.

A manera de ejemplo, explicó que el programa “Mi abogado” ha interpuesto 70 querellas. Sin embargo, solo hay 9 personas formalizadas, todos pertenecientes a la misma red, vale decir, son del mismo caso.

En esa línea, las y los diputados RD Maite Orsini, IND Érika Olivera y PS Jaime Tohá concordaron con el diagnostico, cuestionando la efectividad del trabajo investigativo, punto consultado al ministro.

Larraín reconoció que existe un problema, así como falta de resultados de la mesa de trabajo creada para este efecto. “Hay casos en los que entregamos la información, pero no sabemos qué pasó con eso (…), en general, no hay respuesta y la impotencia para nosotros es muy grande”, puntualizó.

En la sesión, también participó la vicepresidenta asociación de magistrados, Verónica Vymazal. Precisó que no se puede desconocer la existencia de una crisis, derivada de un sistema que ha sido incapaz de abordar esta problemática. Planteó que ella se traduce en graves hechos que causan desprotección y vulneran los derechos de niños niñas y adolescentes.

Igualmente, intervino el juez de familia de Arica, Luis Jorquera, quien se refirió a la institucionalidad vigente. Sostuvo que las falencias están en cómo esta última se conjuga con el bienestar de los menores.

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