La Comisión de Hacienda respaldó y despachó a la Sala, el proyecto (boletín 14772) que regula el prorrateo y pago de deudas por servicios sanitarios y eléctricos generados durante la pandemia, junto con establecer subsidios a clientes vulnerables.
El encargado de exponer el proyecto fue el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Explicó que la ley que rige este tema venció el 31 de diciembre. Esto implica que los cortes de las empresas a las personas que no han pagado comenzarían a fines de enero.
Sostuvo que este proyecto beneficiará a quienes tengan deudas generadas en pandemia desde el 18 marzo 2020 al 31 diciembre 2021. El beneficio incluye un subsidio de cargo fiscal para clientes vulnerables, que son usuarios residenciales del 80% del Registro Social de Hogares.
Es decir, el 75% de los deudores de agua y el 77% de deudores de electricidad, que no superen los límites de consumo mensual establecidos: 15 m3 de agua potable y 250KW/hora. “Ellos no pagarán nada, el costo lo asumirá el Estado”, recalcó la autoridad.
Prorrateo de deudas
Los clientes con cuentas mensuales impagas (en promedio 20 o 21) que superen los mencionados límites, se les prorrateará el monto total en 48 cuotas. Ello será sin la aplicación de intereses o reajustes.
El tope de cobro en la cuenta mensual no debe exceder el 15% al consumo promedio. En caso de quedar un saldo luego de las 48 cuotas, la deuda se extinguirá.
La normativa amplía el plazo para postular hasta el 31 de marzo de 2022 (las personas deben solicitar el beneficio en las mismas compañías).
También se establecen procedimientos especiales para las familias que comparten un medidor y que superan el límite establecido, para que puedan acceder al prorrateo. En tal caso, la postulación se extiende hasta el 30 de junio de 2022.
En cuanto al informe financiero, el subsidio tiene un costo total de 83.571 mil millones de pesos a cuatro años. Se estima que los costos anuales serán de 7.478 millones, para el servicio sanitario; y de 13.414 millones, para electricidad. Además, contempla 49 millones para la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), para la implementación del beneficio.
En la sesión, se votó una indicación del Ejecutivo referida al mecanismo de postergación y prorrateo de deudas. El ministro Moreno explicó que la modificación busca evitar pasar por el Tribunal Constitucional. Ello, debido a que se establecía una obligación a las empresas de extinguir la deuda luego del pago de las 48 cuotas. (Diferencia del 15%, que sería asumida por las empresas).
Se mejoró la redacción de la indicación, incorporando que se extinguirá mediante convenios celebrados entre el MOP o el Ministerio de Energía, respectivamente, con las empresas sanitarias o empresas o cooperativas eléctricas, según corresponda.
Adicionalmente, se incorporó que el saldo de la deuda que se hubiese extinguido en virtud de los convenios celebrados se considerará como gasto aceptado tributariamente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley sobre Impuesto a la Renta.
De igual modo, se revisaron otras indicaciones del diputado Boris Barrera (PC), las que fueron declaradas inadmisibles. Ellas hacían referencia a modificar los límites de consumo para acceder al subsidio y a la posibilidad de suspender el beneficio del pago en 48 cuotas, en caso de atrasarse en una de ellas y no cesar el beneficio.
El diputado cuestionó los criterios para fijar la vulnerabilidad de los clientes de acuerdo al consumo, lo que puede dejar a miles de personas fuera del subsidio.
La propuesta, iniciada en mensaje, será vista en la sesión de mañana de la Sala de la Cámara.
