En el marco del Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación ante la persistencia de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo en la región. En este sentido, llama a los Estados a enfrentar las causas estructurales que generan esta forma de violencia, a través de la adopción de medidas de prevención y de su erradicación en los ambientes educativos, con enfoque de género.
La CIDH observa con preocupación la persistencia la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en los sistemas educativos de las Américas; según datos de UNICEF, el 14% de esta población ha sufrido alguna forma de violencia sexual, destacando las escuelas como uno de los escenarios frecuentes de estos hechos. A través de su labor de monitoreo, la CIDH recibió información que indica que entre 2014 y 2022 en Ecuador se reportaron más de 3.900 casos de violencia sexual en escuelas y colegios. Asimismo, según datos oficiales, desde el inicio del año hasta el 31 de mayo, la Secretaría de Educación de Bogotá (Colombia) recibió 2.667 alertas sobre presuntos casos de violencia sexual en contra de niñas y niños, ocurridos en distintos contextos (hogar, ámbito educativo, redes sociales, comunidad, etc.). En Paraguay se registraron 150 casos en el primer cuatrimestre del 2022. Asimismo, respecto de México, la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) reportó en su informe de 2021, que en 21 entidades educativas a nivel nacional se presentaron patrones de violencia y casos de explotación sexual.
Al mismo tiempo, la Comisión Interamericana toma nota de los esfuerzos emprendidos por los Estados a fin de responder a esta grave problemática. Reconoce la creación de la Mesa interinstitucional para erradicar la violencia sexual en las aulas, en Ecuador; así como el establecimiento de un equipo especializado y multidisciplinario en Colombia para la investigación y seguimiento de estos casos. De igual manera, México adoptó “Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica”, así como el Protocolo de Prevención del Abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes; y en Paraguay se adoptó la Guía de intervención institucional para la atención de casos de vulneración de derechos sexuales y reproductivos.
A pesar de las medidas adoptadas por varios países de la región, todavía se observan desafíos para la implementación de respuestas efectivas en la materia. La CIDH ha resaltado con preocupación la persistencia de normas y patrones sociales que favorecen la invisibilización, repetición e impunidad, de diversas formas de violencia sexual en los contextos educativos. Al respecto, la cultura del silencio, que encubre o tolera los hechos para proteger al agresor o la reputación de la institución educativa, la ausencia de políticas de educación sexual integral, y los estereotipos que culpabilizan a las víctimas, afectan la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativa. Así mismo, impacta en los procesos de denuncia y las medidas de reparación, permitiendo un subregistro de los casos.
Por otro lado, se recuerda que la violencia sexual impacta de manera desproporcionada a las niñas y adolescentes; quienes están más expuestas a sufrir diversas formas de discriminación y violencia, lo que afecta su acceso y permanencia en las escuelas. La deserción escolar, sobre todo de aquellas niñas y adolescentes que provienen de bajos niveles socioeconómicos, las coloca en una situación de mayor riesgo de entrar en ciclos de violencia y ser involucradas en actividades delictivas. De esta manera, la CIDH insta a los Estados a adoptar medidas para erradicar factores estructurales de discriminación –como el machismo, el patriarcalismo y los estereotipos de género– que toleran y perpetúan la violencia de género contra las niñas y las adolescentes
El Informe Violencia y Discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en América Latina y el Caribe, observa que el derecho a la educación implica la adopción de medidas positivas y que garanticen espacios educativos libres de violencia. Es imperativo que se cuente con los recursos humanos, financieros y técnicos para la construcción e implementación de programas y protocolos de prevención, detección temprana, respuesta, y responsabilización; imponiendo sanciones adecuadas a los autores y prestando asistencia a las víctimas. Adicionalmente, en el caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatizó que, como mecanismo de prevención, los Estados deben impartir una educación sexual de calidad, que otorgue a los niños, niñas y adolescentes las herramientas para identificar riesgos y situaciones de violencia sexual. Este tema también fue objeto de análisis en la audiencia sobre la situación del acceso a la educación sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes en Ecuador durante el 183 Período de Sesiones de la CIDH, realizado en marzo de 2022.
En el marco de la conmemoración del Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas, la Comisión exhorta a los Estados a reconocer la necesidad de garantizar a niñas, niños y adolescentes una educación libre de cualquier forma de violencia. Además, a adoptar medidas para modificar las condiciones estructurales que legitiman y reproducen la violencia, particularmente la violencia sexual.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
