El Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa el noveno presupuesto extraordinario del 2021, con el propósito de efectuar los últimos movimientos a la ley de presupuesto vigente, necesarios para cumplir con los objetivos y el gasto de operación para el cierre del 2021.
Como consecuencia de la gestión de deuda que ha realizado el Ministerio de Hacienda durante el presente ejercicio económico, en esta propuesta se incluye una rebaja de ¢158.590 millones, por ahorros generados ante una menor necesidad de financiamiento, así como por la reducción en las tasas de interés en las subastas de colocación en mercado primario y en las operaciones de canjes que han permitido sustituir deuda cara por deuda más barata. Asimismo, se suman las rebajas por la eliminación de contenido de plazas vacantes, reducción en pago en alquileres y menores gastos (servicios públicos, combustibles, entre otros) por la práctica del teletrabajo de los funcionarios públicos, según se detalla a continuación:
| Concepto | Millones |
| Gestión de deuda | ¢158.590 |
| Plazas vacantes (eliminación de contenido) | ¢4.812 |
| Ahorros por teletrabajo | ¢738 |
| Disminución en alquileres | ¢441 |
| Total | ¢164.581 |
Al referirse a dicho presupuesto, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, manifestó que este refleja el compromiso del Poder Ejecutivo con el ajuste fiscal mediante una adecuada aplicación de la regla fiscal sobre el gasto público, una generación de ahorros en las partidas de egresos y una mejora en la gestión de la deuda, lo cual ha permitido la menor afectación en la atención de programas prioritarios para la población.
“Desde el Ministerio de Hacienda hemos venido aplicando medidas administrativas mediante las cuales las instituciones han reducido rubros destinados al pago de remuneraciones, alquileres de edificios y propiedades, y servicios públicos, entre otros. También, nuestra estrategia de manejo de la deuda pública ha permitido disminuir de manera importante el pago de intereses. Estos ahorros a su vez, liberan recursos para cubrir programas dirigidos, principalmente, a los grupos sociales más vulnerables en el país”, manifestó el Jerarca.
El Ministro informó que en este presupuesto se incorporan ¢51.410 millones destinados a la adquisición y aplicación de vacunas contra el COVID-19 (recursos provenientes de crédito con el BCIE, Ley No.10.056) y más de ¢20.903 millones para el Programa de Comedores Escolares (compra de alimentos para estudiantes y pago de cocineras).
A lo anterior se suman ¢5.000 millones para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con el propósito de cubrir las necesidades básicas de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, y ¢2.400 millones adicionales para el Programa Avancemos.
También, para fortalecer el Régimen No Contributivo y cumplir con la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022, de incrementar en cinco mil por año la cantidad de beneficiarios de este Régimen, se transfieren ¢4.623.6 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Asimismo, para la compra de alimentos se asignan ¢1.515 millones a los CEN-CINAI, y con el fin de atender el pago de resoluciones correspondientes a cuotas tripartitas de la CCSS y de resoluciones pendientes de pago a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), se asignan ¢1.200 millones.
Por último, este proyecto de presupuesto extraordinario plantea una reducción de gasto corriente neto por el orden de ¢32.628 millones y un incremento del gasto de capital de ¢5.265 millones, con lo que la tasa de crecimiento de gasto corriente, producto de esta propuesta, cerraría en 3,51% para el 2021, lo cual significa una reducción de 0,62 puntos porcentuales respecto al tope de crecimiento máximo establecido por la regla fiscal (4,13%) para 2021; evidenciando así el compromiso por enrumbar al país en la senda del ajuste fiscal.
Para seguir observando estos ahorros es necesario continuar con los esfuerzos de contención del gasto, complementarlos con la agenda de reforma tributaria y con la aprobación de los empréstitos de apoyo presupuestario que se encuentran en la corriente legislativa.