Por R. Aideé Aguilar
El pasado 15 de noviembre del año en curso, después varios años de intentos para que el gobierno federal permitiera el ingreso, orientación y apoyo por parte El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, por fin está la comisión en el país.
Antes es importante tener claro que las desapariciones forzadas, de acuerdo “con la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actuan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el pardero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
¿Por qué es de suma importancia que se investiguen estos casos y se permita el apoyo de. organismos externos?
Primero que nada porque estas practicas suman a tener sociedades inseguras; saber que esto afecta tanto a las víctimas como a cualquier otra persona que está propensa a ser víctima de una desaparición forzada, esto afecta a la sociedad, al país en general. Por ello es imperante que estos casos se investiguen y, sobretodo, se. prevengan, porque como ya mencionamos, estos abusos de poder no solo se perpetran por organizaciones delictivas, sino también son con conocimiento y permisividad del Estado, en este caso el mexicano. Lo cual nos deja en en escenarios sumamente graves como sociedad.
Dicho comité en años anteriores había hecho una evaluación externa del país con respecto a las desapariciones forzadas y al grave problema de impunidad que vivimos día a día. Por ello, desde el año 2013 dio recomendaciones al estado mexicano de cómo abordar estos desmesurados problemas. Entre estas recomendaciones estaban la “retirada de las fuerzas militares de las tareas de seguridad. pública, la generación de condiciones para que todos los cadáveres y restos oseos puedan ser identificados y entregados de manera digna, la garantía de autonomía e independencia de la Fiscalía General de la República y, la protección de las familias y defensores de derechos humanos”.
Aunque ya se habían dado estas recomendaciones los gobiernos federales anteriores como el que está en curso hicieron caso omiso. Incluso, con toda la esperanza que tenía con la alternancia política del gobierno actual, durante sus dos primeros años de mandato se opusieron a que el comité de la ONU viniera a apoyar.
Sin embargo, a pesar de todas las trabas anteriores, hoy están aquí. Los testimonios de los familiares de las víctimas, los miembros de organizaciones, de colectivos que día a día están en la ardua búsqueda de de cientos de miles de personas en paradero desconocido, no ven está visita como un símbolo de esperanza, pero sí, tal vez, para que se le de más voz a lo que ocurre a lo largo y ancho del país.
Abordar este tema debería de ser relevancia, no es cosa mínima, pues actualmente se tiene conocimiento de que hay más de 90 000 personas desaparecidas, que no se sabe qué pasó con ellas. Por ello este comité visitaron 12 Estados de país, los cuales, según las estadísticas, son los que tienen un alto indice de víctimas desaparecidas asi como visitar las cárceles, lugares donde hay rastro que las personas han sido privadas de su libertad y su vida.
Al final de la visita el comité presentará un informe con lo observado y con las recomendaciones. Ya veremos, nuevamente, si dichas recomendaciones se tomarán en cuenta o no, por parte del gobierno actual.