El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que las Funciones del Estado de Ecuador alcanzaron el “Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria”, ante la situación agravada por la muerte de 68 reos en violentos enfrentamientos ocurridos en una cárcel de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas (suroeste).
“Las Funciones del Estado en un acto de responsabilidad con el país, hemos acordado acciones conjuntas para dar una respuesta integral a la seguridad ciudadana, conforme señala el artículo 226 de la Constitución”, dijo Lasso en rueda de prensa.
El mandatario hizo el anuncio al término de una reunión que mantuvo con autoridades de los demás poderes del Estado en la que se analizó la situación carcelaria, tras la revuelta ocurrida entre el viernes y el sábado pasados en la Penitenciaría del Litoral, la principal cárcel de Guayaquil.
La revuelta, que el gobierno calificó como una “barbarie” y dejó otros 25 presos heridos, se atribuyó a disputas de poder entre reos de bandas vinculadas al narcotráfico.
Lasso afirmó que “Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico, las mismas que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad en el país y quitarnos la tranquilidad en las calles y ciudades”.
Indicó que las Funciones del Estado consideraron indispensable enfrentar unidos este problema de carácter global, que es además “una de las más grandes crisis de las últimas décadas en Ecuador”.
El “Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria” incluye una serie de medidas que se aplicarán de manera inmediata para hacer frente a la crisis carcelaria.
“Se iniciará el proceso de pacificación a través del diálogo bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y de organismos internacionales”, detalló Lasso.
De igual forma se mantendrá la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de “manera indefinida” de conformidad con la Constitución y la ley.
El gobierno tramitará indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas que se encuentren en las cárceles, mientras que el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia coordinarán acciones para el ágil y efectivo trámite de los beneficios penitenciarios.
Desde el gobierno también se promoverá un proceso de reparación integral a las familias de las víctimas de la revuelta y se enviará un proyecto de Ley de Defensa Ciudadana a la Asamblea Nacional (Congreso).
“Estamos seguros de que la única forma de vencer a este enemigo es con la unidad del pueblo ecuatoriano y con la Constitución y la ley en la mano”, apuntó Lasso.
La revuelta en la Penitenciaría del Litoral fue la segunda ocurrida este año en el mismo penal, después de la de septiembre pasado que dejó 118 reos muertos y que es considerada la mayor masacre carcelaria ocurrida en la historia del país.
Tras esta masacre, el gobierno decretó el estado de excepción en todo el sistema penitenciario, pero la medida no ha logrado detener la violencia en las cárceles.
