Con el propósito de brindar una alternativa sostenible de desarrollo económico y social al agro, el diputado José Andrés Hernández (ARENA), presentó dos piezas de correspondencia que respectivamente contienen, una propuesta de Ley de Compras Públicas de la Producción de Agricultura Familiar de El Salvador, y una reforma al artículo 4 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
La propuesta de ley en mención tiene como objeto establecer los mecanismos para el fomento de la agricultura familiar por medio de la adquisición de alimentos en cualquier modalidad para el consumo humano, destinados para los programas de desarrollo y protección social, prestaciones laborales o servicios públicos que presta el Estado.
En su articulado enuncia de interés social, las compras públicas de alimentos producidos por agricultores familiares; debido al aporte a la producción nacional, soberanía, seguridad y nutrición alimentaria, generación de empleo, ingresos y dinámicas económicas territoriales.
Además de la producción artesanal, procesamiento de materias primas y comercio; a la generación de espacio de aprendizaje y transferencia de conocimiento; por sus aportes a la cultura, arraigo e identidad territorial; a la preservación de los ecosistemas y recursos naturales como el agua, suelo y biodiversidad.
Mientras que en la iniciativa para reformar el artículo 4 de la LACAP, plantea incorporar un literal j, en el sentido que las “compras de alimentos para consumo humano provenientes de la agricultura familiar, realizadas por entidades públicas del Estado, de nivel nacional, departamental, y municipal, queden excluidas de la aplicación de la normativa.
Así como también “sus instituciones oficiales autónomas como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social u otras que en su ley general, especial o constitutiva le de esa calidad; las municipalidades del país; sociedades de economía mixta y entidades privadas que manejen recursos públicos, que los adquiera de forma directa o a través de interpósita persona, destinados para los programas de desarrollo y protección social, prestaciones laborales o servicios públicos que presta el Estado”.
