Ataques indiscriminados contra civiles, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual son algunos de los abusos perpetrados por los actores enfrentados en esa región, revela una investigación conjunta de la ONU y Etiopía. Michelle Bachelet pide el fin de esa guerra mientras Etiopía se encuentra en estado de emergencia.
Todas las partes en conflicto en Tigray han cometido atrocidades que pueden constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad, señala una investigación conjunta de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía divulgada este miércoles.
El informe con los resultados de la pesquisa acusa a todos los actores enfrentados en la región del norte etíope colindante con Eritrea de violar el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y los derechos de los refugiados.
El texto da cuenta del impacto devastador del conflicto en la población civil y detalla una serie de violaciones y abusos, incluidos asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual y de género, atropellos contra los refugiados y desplazamiento forzado de civiles, entre otros.
El informe abarca un periodo que va del 3 noviembre de 2020 al 28 de junio de 2021. La primera fecha marca el inicio del conflicto armado entre la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía, la Fuerza de Defensa de Eritrea, las Fuerzas Especiales de Amhara, Amhara Fano y otras milicias por un lado, y las Fuerzas Especiales de Tigray, la milicia de Tigray y sus aliados por el otro. El día de cierre de la investigación se refiere a la declaración unilateral de alto el fuego por parte del gobierno etíope.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos instó a detener de inmediato los combates y alertó del riesgo de un catastrófico empeoramiento de la de por sí precaria situación humanitaria en Tigray.
Michelle Bachelet llamó a la calma e instó a todos los actores bélicos a proteger a la población civil.
El estado de emergencia, un riesgo
Las exhortaciones de Bachelet se producen en el marco de la declaración del estado de emergencia en Etiopía, luego de que las fuerzas de Tigray avanzaran hacia la vecina región de Amhara y las fuerzas gubernamentales bombardearan Mekelle, la capital de Tigray. El lunes pasado, las fuerzas de Tigray amenazaron con marchar hacia la capital del país para deponer al gobierno.
La Alta Comisionada consideró que la declaración del estado de emergencia también representa un riesgo puesto que implica provisiones muy laxas “que incluyen poderes amplios de arresto y detención que profundizarán las divisiones, pondrán en peligro a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos, provocarán un mayor conflicto y sólo aumentarán el sufrimiento humano que ya alcanza niveles inaceptables”, dijo.
“Me preocupa profundamente que, en un momento ya crítico, se haya declarado un estado de emergencia general en Etiopía. Esto supone el peligro de que se agudice una situación de derechos humanos que ya es muy grave en el país. Otras restricciones de acceso también podrían llevar al límite una situación humanitaria que ya es extremadamente difícil”, reiteró.
Durante la presentación del informe, Bachelet urgió a que se revele la verdad y se haga justicia para resarcir a las víctimas y sus familias.
“Los civiles en Tigray han sido objeto de violencia y sufrimiento brutales. El equipo que realizó la investigación encontró numerosas violaciones y abusos, incluidos asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y de género, violaciones contra refugiados y desplazamiento forzado de civiles”, recalcó.
Para la indagación, los expertos entrevistaron a unas 270 víctimas y testigos, y tuvieron más de 60 reuniones con funcionarios federales y regionales.
Las atrocidades
Bachelet recalcó que hay motivos que indican que todas las partes cometieron transgresiones del derecho internacional que pueden constituir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, puesto que las víctimas no estaban involucradas en los enfrentamientos.
Como ejemplo, mencionó el caso de una familia de cuatro personas muertas en Mekelle cuando su casa fue bombardeada por las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía sin ninguna justificación militar aparente.
Detalló también que una mujer de 26 años de Adiet fue atacada por soldados de las Fuerzas de Defensa de Eritrea frente a su hija de tres años y relató que el grupo de jóvenes ‘Samri’ Tigray agredió con machetes a un hombre en Maikadra para luego dispararle por la espalda y arrojarlo al fuego.
Los hallazgos de los investigadores apuntan a una crueldad extrema en los asaltos a los civiles y hay testimonios de violaciones masivas de mujeres.
Además, las hostilidades han impedido la distribución de asistencia humanitaria a la empobrecida población de Tigray, lo que ha colocado a unas 400.000 personas en situación de hambruna.
Justicia
En este contexto, la Alta Comisionada enfatizó la importancia de que haya una rendición de cuentas.
“La gravedad de las violaciones y los abusos que hemos documentado subrayan la necesidad de responsabilizar a los perpetradores de todas las partes”, apuntó.
Con respecto a los atropellos infligidos contra los refugiados, los investigadores reportaron que de noviembre de 2020 a enero de 2021, los combates entre los grupos armados de Tigray y las fuerzas eritreas cerca de un campamento de refugiados obligaron a huir a miles de eritreos que vivían ahí y cientos más desaparecieron, además de que sus moradas fueron destruidas.
El informe afirma que las fuerzas eritreas transgredieron el principio fundamental de no devolución al regresar por la fuerza a sus ciudadano refugiados en Etiopía, y señala que las fuerzas de Tigray saquearon las viviendas de los refugiados y las instalaciones de las agencias humanitarias.
Asimismo, explica que miles de civiles tuvieron que huir tras presenciar “asesinatos, violaciones, destrucción y saqueo de propiedades, temor a represalias y ataques étnicos y basados en la identidad”, sobre todo en el oeste de la región de Tigray.
Recomendaciones
El informe hace una serie de recomendaciones entre las que destaca un llamado a todas las partes del conflicto a poner fin a todas las violaciones y abusos y a tomar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles y la infraestructura civil.
También les pide que lleguen a un acuerdo sin condiciones para terminar con las hostilidades y a abolir cualquier medida que exacerbe la crisis humanitaria.
Al gobierno etíope le recomienda que establezca órganos imparciales para que lleven a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas y efectivas sobre las denuncias de violaciones y que los responsables rindan cuentas.
En cuanto al gobierno de Eritrea, lo insta a abrir investigaciones que cumplan las normas internacionales y a tomar medidas inmediatas para garantizar que cesen todos los actos de violencia de sus fuerzas contra la población civil.
De la comunidad internacional y la ONU solicita la promoción y el apoyo a todos los esfuerzos para lograr el cese de las hostilidades y lograr una paz sostenible e inclusiva.
