La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudia los ataques contra instituciones del Estado en Brasilia, que representan un atentado contra la democracia. Estos resultaron con heridos y daños en los edificios que albergan el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Palacio del Planalto (sede presidencial). La CIDH insta al Estado a investigar los hechos y redoblar esfuerzos para fortalecer la democracia.
El 8 de enero, manifestantes que apoyaban al ex presidente del país se manifestaron exigiendo la intervención militar para derrocar al actual gobierno legítimamente electo. Durante el trayecto, invadieron violentamente las sedes de los tres poderes del Estado en la capital del país. En ese contexto, al menos 70 personas resultaron heridas , según reportes del Ministerio de Salud. Además, según el Sindicato de Periodistas Profesionales del Distrito Federal, al menos 12 periodistas fueron agredidos ; además de registros de robo y daños a equipos periodísticos. Los hechos fueron ampliamente condenados por otros países y organizaciones internacionales. A nivel interno, las instituciones nacionales iniciaron procesos penales contra los presuntos responsables.
La Comisión repudia la violencia en el marco de las manifestaciones y reitera que el derecho de reunión debe ejercerse de manera pacífica y sin armas. Los Estados deben adoptar las medidas necesarias para prevenir actos de violencia, garantizar la seguridad de los ciudadanos y el orden público, así como investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los actos de violencia, respetando el debido proceso legal.
Asimismo, la CIDH destaca que estos hechos no ocurrieron de manera aislada, sino en un contexto de profundas tensiones sociales, violencia política , desinformación y cuestionamiento sin pruebas de los resultados de las elecciones presidenciales de 2022. de una grave tensión que afecta el tejido social en el escenario postelectoral en Brasil. Asimismo, la CIDH observa con aprensión la ocurrencia de hechos similares en otros países de la región, en los que también se ha amenazado el orden democrático.
Al respecto, la CIDH solicita que voces con responsabilidad pública no promuevan discursos que alienten o condonen el odio, ni defiendan el uso de la violencia contra personas, procesos e instituciones del Estado de derecho. La CIDH recuerda que las autoridades y personajes públicos tienen el deber de rendir sus declaraciones con la debida diligencia en razón de su investidura.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato se deriva de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana está encargada de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano asesor de la OEA en esta materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y que no representan a sus países de origen o residencia.
