La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por el incremento de personas que se vieron forzadas a salir de Nicaragua y solicitar protección internacional en el contexto de la grave crisis de derechos humanos que persiste en el país. La CIDH llama a los Estados de la región a adoptar medidas que aseguren la protección integral a todas las personas de Nicaragua en contextos de movilidad que huyen de la crisis, inseguridad y violencia.
Durante el transcurso del presente año, la CIDH recibió información sobre el incremento de personas nicaragüenses en desplazamiento forzado debido a la intensificación de la represión y el clima de temor y persecución que se mantiene en el país en contra de todas las personas consideradas como opositoras al gobierno. Según información pública, hasta octubre de este año, el Estado costarricense recibió al menos 39 mil nuevas solicitudes de refugio por parte de personas de Nicaragua, con un notable incremento a partir de mayo. Por su parte, de acuerdo con información del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América (CBP en inglés), durante el 2021, el número de personas que intentó ingresar a dicho país fue de 50.722, que corresponde a un incremento de 1500% en comparación con los datos del 2020. Asimismo, según datos registrados por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desde el inicio de la crisis en abril de 2018, más de 110 mil personas se habrían visto forzadas a huir de Nicaragua y solicitar protección internacional.
A partir de los testimonios y la información recibida por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la CIDH observa que, en muchos casos, las personas desplazadas de manera forzosa habrían sido víctimas de amenazas directas de detención por agentes de la Policía Nacional o simpatizantes del gobierno. En otros casos, muchas de ellas indicaron vivir en un clima de temor y zozobra por la constante presencia de agentes de la Policía Nacional en sus domicilios, actos de seguimiento y vigilancia, e inclusive la negativa para trasladarse a otros departamentos.
Asimismo, entre los principales grupos que han huido de Nicaragua se encuentran: personas defensoras de derechos humanos y periodistas; estudiantes que participaron en las movilizaciones de abril de 2018; representantes legales de personas privadas de la libertad; trabajadoras de la salud opositores a las políticas del gobierno; personas excarceladas bajo la ley de Amnistía en 2019; familiares de personas detenidas o asesinadas en el contexto de la crisis; y, en general, líderes y lideresas políticas y de movimientos sociales que fueron amenazadas ante la continuación de las detenciones arbitrarias en el país.
Por otro lado, quienes son identificadas como opositoras que buscan salir del país. En algunos casos serían sometidas a interrogatorios en el aeropuerto por agentes de la Policía Nacional, así como revisiones de documentos personales, computadoras y teléfonos celulares. Según los testimonios recibidos, dichas acciones tendrían por finalidad evitar que las personas expongan internacionalmente la situación de los derechos humanos e incrementaría la movilidad de personas por lugares de cruce irregulares o “puntos ciegos”.
La CIDH recuerda que, conforme a su Resolución 04/19 sobre los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de Trata de Personas los Estados tienen la obligación de mitigar los efectos generadores del desplazamiento y de reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes que atraviesan por sus territorios, en particular, de aquellas personas desplazadas o exiliadas por razones humanitarias.
Asimismo, recuerda que los Estados deben adoptar medidas que establezcan la posibilidad de regularizar a las personas que se encuentren en situación irregular. Tomando en cuenta las circunstancias de su entrada, la duración de su estancia en el país y otras consideraciones pertinentes.
La Comisión hace un llamado especial a la solidaridad regional e internacional para atender los riesgos que enfrentan las personas en el contexto de movilidad humana por la grave situación de derechos humanos en Nicaragua. Cuando las personas son expulsadas o devueltas a sus países de origen o de residencia habitual, sin una determinación adecuada sobre posibles necesidades de protección internacional, pueden enfrentar situaciones similares a las que las obligaron a salir.
En virtud de ello, la CIDH insta a los Estados a adoptar o fortalecer los mecanismos de cooperación regional y de responsabilidad compartida que permitan atender los factores de desplazamiento, ampliar y mejorar los canales regulares de migración, garantizar el acceso a los territorios y procesos para brindar protección internacional, implementar acciones de inclusión social sin discriminación, en favor de estas personas. Asimismo, la CIDH hace un llamado a los Estados Miembros de la OEA a la implementación de las recomendaciones formuladas en su Informe sobre “Migración Forzada de Personas Nicaragüenses a Costa Rica” a fin de garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas nicaragüenses.
Por último, se reitera al Estado de Nicaragua la urgencia de cesar de manera inmediata la realización de actos de persecución en contra de personas consideradas como opositoras al Gobierno.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
