Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso (CCPA): Senadoras y senadores.
En un país donde hemos tenido significativas conquistas en defensa de los derechos humanos, pero dónde aún continuamos luchando por el reconocimiento pleno de los mismos, es un deber no claudicar.
De tal manera, que el derecho humano a la salud se debe reconocer y atender a plenitud. Sin embargo, estamos en ciernes. El cuidado de la salud física y la salud mental es igualmente importante para el bienestar de las personas y requiere de la atención del Estado mexicano.
Este es un tema de vital urgencia, más cuando la pandemia por el Covid-19 ha dejado fuertes estragos en la salud mental de los mexicanos. El aislamiento y distanciamiento social provocó en gran parte de la población sufrir de ansiedad, depresión y estrés.
En el Congreso de la Unión hemos avanzado en diversos temas en materia de igualdad sustantiva, en favor de las mujeres, en favor de las personas con alguna discapacidad, y otros grupos históricamente excluidos.
Hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos para sectores marginados que abonan a la inclusión social, pero aún nos falta consolidar un marco legal que garantice la plena protección de la salud de todos los mexicanos.
Desafortunadamente, no hemos dado paso alguno para mejorar las condiciones de atención a la salud mental de las personas con alguna discapacidad psicosocial. El dictamen da un paso mínimo, por lo que cometeremos un grave error al pensar que nuestra labor en este tema ha terminado.
Como ustedes han podido atestiguar, la salud mental ha sido una de las luchas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y de mi compañera senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, como lo puede avalar la presentación de diversos puntos de acuerdo que hemos presentado, donde solicitamos el diseño de mecanismos en centros de trabajo, espacios públicos, hogares y escuelas para la atención preventiva de la salud mental, particularmente en esta crisis sanitaria.
De igual forma, los senadores del PT redactamos diversas iniciativas como la creación de una línea telefónica nacional para la atención de la salud mental y la Ley General de Salud Mental.
Lamentablemente, el proyecto de dictamen que presenta la Comisión de Salud y Estudios Legislativos, Segunda, sólo se limita a reformar al Capítulo VII “Salud Mental” y se desechó nuestra propuesta.
Asimismo, este dictamen establece una correlación entre la salud mental y las adicciones que desde nuestra perspectiva no se corresponde con la realidad que viven todas las personas que requieren de tratamientos en materia de salud mental en nuestro país.
Desde nuestra óptica, esta vinculación entre salud mental y adicciones sólo perpetúa el estigma para las personas que requieren de servicios especializados en materia de salud mental.
Me parece que no fue acertado que en este dictamen no se hayan tomado en cuenta importantes propuestas que presentamos en los 53 artículos y 5 transitorios de nuestra iniciativa de Ley General de Salud Mental.
Dejando de lado previsiones para servicios preventivos en materia de salud mental en escuelas y centros de trabajo; e incluso aspectos presupuestarios para poder brindar una atención de calidad, que pueda llegar a toda la población.
Nos quedamos cortos. Quedamos en deuda con el pueblo mexicano.
Sin embargo, no se trata de generar debates que fomenten el antagonismo. Mi participación tiene el ánimo de convocar a la reflexión y resarcir lo que no se ha hecho adecuadamente.
Seguiremos insistiendo en la aprobación de una Ley General de Salud Mental.
No obstante, es correcto reconocer que en las comisiones dictaminadoras se tomaron en cuenta las propuestas del Partido del Trabajo para incluir dentro de los sectores de atención prioritaria a las personas en situación de calle, los cuales no estaban presentes y requieren del acceso a estos y otros servicios que brinda el Estado.
Frente a la emergencia sanitaria que hoy enfrentamos, se requiere de la acción decidida del Estado para la protección y garantía de los derechos humanos de las personas. Nos encontramos en una situación crítica de aumento en la demanda en la atención de servicios para la salud mental.
El abordaje de las políticas públicas en la materia no puede limitarse al tratamiento del tema de las adicciones. Es por ello fundamental contar con una Ley General de Salud Mental, a través de la cual se tomen las previsiones de política pública para generar un modelo integral donde se garantice la atención a las personas con discapacidad psicosocial, reconocimiento su autonomía y capacidad jurídica, respetando y tomando en cuenta sus diversidades, preferencias y necesidades.
Por esta razón, insistiremos con una propuesta integral de Ley en materia de salud mental.
¡Muchas Gracias!
