- Las y los diputados también avalaron sanciones a servidores públicos que entorpezcan la procuración de justicia en caso de feminicidio
La Comisión de Justicia, que preside el diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), aprobó tres dictámenes que abonan en el fortalecimiento de la protección y derechos de las mujeres.
Ataques con ácido
Durante su tercera reunión extraordinaria, las y los integrantes de la Comisión aprobaron con 27 votos a favor, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de ataques con ácido.
Con estas reformas se añade un capítulo I Bis al Título Decimonoveno del Código Penal Federal y se adiciona el artículo 36 de la Ley General de Víctimas, con la finalidad de establecer que se impondrá de siete a quince años de prisión y de trescientos a setecientos días multas, a quien por sí o por interpósita persona infiera lesión o lesiones a otra persona, utilizando para ello cualquier tipo de ácido, álcali, agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable.
Se especifica que, cuando la lesión o lesiones afecten la cara, el cuello, el brazo, la mano o los órganos sexuales de la víctima, la pena se aumentará hasta en un tercio, en su mínimo y en su máximo. Si la víctima sea una mujer, persona con discapacidad o menor de edad, la pena se aumentará hasta en una mitad.
De igual modo, si la lesión o lesiones afectan órganos o funciones vitales, ponen en peligro la vida o más de la mitad del cuerpo, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio o el feminicidio, en grado de tentativa, según corresponda.
Las reformas también contemplan que, a las víctimas de lesiones inferidas con ácido o sustancias similares, se garantizará el acceso a cirugías reconstructivas.
El diputado Macías Olvera explicó que este dictamen está integrado por ocho iniciativas distintas, impulsadas por 21 legisladoras de todas las fuerzas políticas, todo ello para atender un tema que indigna a la ciudadanía.
Al respecto, la diputada Alma Anahí González Hernández (Morena) señaló que este dictamen hace frente a la expresión más cobarde de la violencia en contra de las mujeres, porque causa daños irreparables a los músculos faciales, los ojos, la tráquea, lo cual violenta el espíritu. Señaló que la aprobación de esto cambios refrenda el compromiso del Estado con la impartición de justicia y en contra de la impunidad.
La diputada del PAN, Lizbeth Mata Lozano, se manifestó a favor de este dictamen, ya que combatirá los casos de ataques con ácidos, los cuales son constantes. Con esta aprobación, añadió, se avanza en aumentar las penas y en generar especificaciones para que sea más castigado este ilícito.
Sue Ellen Bernal Bolnik, diputada del PRI, añadió que con este dictamen se da muestra que se pueden conjuntar las ideas y las propuestas de los diversos grupos parlamentarios por el bien de las mujeres del país; no obstante, consideró que se debe seguir con el combate de la violencia de género.
Modificar el término “trastorno” por “discapacidad”
La Comisión también aprobó con 25 votos el dictamen que reforma el primer párrafo de la Fracción VII del artículo 15 del Código Penal Federal, a fin de modificar el término “trastorno” por “discapacidad”.
Con esta enmienda, la fracción queda de la siguiente manera: Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer discapacidad mental o intelectual, a no ser que el agente hubiere provocado su discapacidad dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible.
Sanciones a servidores públicos que entorpezcan la procuración de justicia en caso de feminicidio
Con 31 votos a favor, las y los diputados integrantes de esta instancia legislativa avalaron el dictamen que reforma el quinto párrafo del artículo 325 del Código Penal Federal, para instituir que el servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia en caso de feminicidio, se le impondrá pena de prisión de cuatro a doce años y de 500 a mil 500 días de multa.
Además, será destituido e inhabilitado para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido el castigo penal.
En este sentido, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI) mencionó que este dictamen abona al acceso a la justicia de las mujeres en la etapa de investigación y en sancionar a los funcionarios públicos que sean negligentes con cualquier caso de feminicidio.
Buscarán reunión con la presidenta de la SCJN
En el apartado de asuntos generales, la diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) manifestó su apoyo y respaldo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, quien ha sido víctima de agravios, pues “cualquier mujer que se precie de portar el color morado y sororidad, debe condenar este tipo de ataques en contra de una mujer que realiza sus funciones”.
La diputada de Morena, Reyna Celeste Ascencio Ortega, propuso la posibilidad de que esta Comisión se reúna con la ministra para atender la violencia de género de la que es víctima.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI), apuntó que la reunión con la presidenta de la SCJN debe estar centrada en una agenda de trabajo. Reiteró su respaldo a la ministra y exigió que pare la violencia verbal que ocasiona polarización y problemas.
El diputado Juan Isaías Bertín Sandoval (Morena) indicó que su grupo parlamentario no está a favor con ningún tipo de violencia, porque más allá de las diferencias políticas que se tengan, “el simple hecho que una mujer sea violentada en su persona y psicología, es algo que no se debe permitir”.
El diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN) afirmó que esta Comisión buscará una reunión institucional con la presidenta de la SCJN y condenó cualquier amenaza u hostigamiento contra ella; añadió que esta instancia generará los mecanismos que garanticen la integridad de las mujeres que sean violentadas en el desempeño de sus funciones.