Las y los diputados de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD se reunieron, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad contra las reformas secundarias en materia electoral, impulsadas por el Ejecutivo Federal.
“Las y los legisladores que integran las bancadas del PRI, PAN y PRD considerando que el ‘Plan B’ de la reforma electoral viola el federalismo y la libertad hacendaria, al impedir que estados y municipios decidan sobre su presupuesto en la materia”, indicaron en un comunicado.
Señalaron que la demanda de acción de inconstitucionalidad busca la declaración de invalidez del decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidad Administrativa, “por el atropello a principios y disposiciones constitucionales”.
Advirtieron que las reformas faltan a la equidad en los procesos electorales, toda vez que permite a servidores públicos pronunciarse en favor de determinado candidato, y atentan contra la transparencia en la rendición de cuentas, ya que ahora los servidores públicos podrán presentar en el momento que decidir sus informes, incluidos durante un proceso electoral.
El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, destacó que “hemos presentado esta acción de inconstitucionalidad porque en Acción Nacional y los partidos de la coalición ‘Va por México’ estamos a favor de la defensa a nuestras instituciones democráticas que tantos años nos ha costado construir y en contra del autoritarismo del presidente y funcionarios de su partido que con sus intervenciones ilegales realizan actos simulados de comunicación”.
Por su parte, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó que en dicha reforma se exhiben violaciones al proceso legislativo y no se respetan los principios democráticos que deben regir el debate parlamentario.
Señaló que, durante el proceso legislativo para su aprobación, se impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de analizar y debatir sobre la iniciativa con verdadero conocimiento de su contenido y alcance.
También refirió que es inconstitucional que se eliminan las restricciones a la difusión de propaganda por parte de los servidores públicos y al ejercicio del gasto público y difusión de contenidos gubernamentales.
El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, reiteró lo delicado que resulta para el país, el hecho de que el oficialismo violara el proceso legislativo mediante una aprobación “fast track”, y con miras hacia una elección de Estado que puede derivar en un conflicto postelectoral.
Hizo un llamado respetuoso a la SCJN para que dé trámite a la alcaldesa brevedad a estas acciones de inconstitucionalidad, toda vez que sería indispensable contar con el fallo antes de que iniciara el proceso electoral 2024.
“Tendríamos aquí al verano de este mismo año 2023 para que quede resuelto y garantice un andamiaje jurídico e institucional acorde a los requerimientos de un proceso complejo como el que viene en 2024. Es decir, un fallo que garantice que contaremos con una elección equitativa , confiable y libre de dudas para las y los mexicanos”, advertir.
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[5:24 pág. m., 25/1/2023] Norberto Carrasco: Otra nota
[5:24 pág. m., 25/1/2023] Norberto Carrasco: Nota No. 5279
Reforma constitucional distribuye competencias de todos los órdenes de gobierno en materia de protección de defensoras de derechos humanos y periodistas: Juan Ramiro Robledo
• El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales señala que el Congreso facultaría a las áreas del Ejecutivo Federal y de los estados para realizar acciones de prevención
Palacio Legislativo, 25-01-2023 (Notilegis).- La reforma al artículo 73 constitucional en materia de protección y búsqueda de personas facultaría al Congreso para expedir una ley que establecerá mecanismos de protección y responsabilidades de todos los niveles de gobierno para tratar los en contra de periodistas y personas defensoras de los delitos de derechos humanos, afirmó el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena).
Lo anterior, en declaraciones a representantes de medios de comunicación, al término de la reunión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual preside, donde se afirmó el dictamen que modifica el precepto número 73 de la Carta Magna.
El legislador explicó que, de aprobarse esta reforma, la ley secundaría distribuiría entre la Federación y los estados las facultades para promover, gestionar, procurar y ejecutar acciones de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, ya que es el orden de gobierno que cuenta con las áreas de competencia para realizar dichas tareas.
Destacó que se han dispuesto acciones e investigación sobre los atentados contra este sector, sin embargo, “no contentan al gremio de los periodistas y de los luchadores por los derechos humanos, ya que de lo que se trata es de prevenir que haya atentados, que haya acciones más aún cuando haya delitos en su contra.
“Al Congreso lo que le corresponde es facultar a las áreas del Ejecutivo Federal y del Ejecutivo de los estados, por encima, que, con el auxilio de las autoridades municipales, sea a quien corresponda realizar acciones de prevención, después de investigación y persecución de faltas o en delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos”, expuso.
Comentó que la prevención de los delitos mencionados hasta el momento se ha realizado por dispositivos disuasivos con custodias de periodistas que solicitan ese apoyo de vigilancia. “La prevención en lo general de la comisión de delitos obedece a causas sociales y, desde luego, a aspectos del grado de criminalidad que haya en la sociedad”.
Explicó que las agresiones a este sector son delitos del fuero común; no obstante, tratándose de personas como defensores de derechos humanos y periodistas, la Federación puede contribuir en su prevención y sanción.
“Esa ley lo que haría es establecer los términos en que va a contribuir a la Federación y que se van a repartir las competencias y responsabilidades para la protección y esclarecimiento de hechos que atentan contra defensores de derechos humanos y periodistas.
“Es un delito del fuero común, sea una lesión, amenaza u homicidio, son delitos de fuero común hoy por hoy. El Gobierno Federal tiene la facultad a través de las áreas correspondientes, que es la Fiscalía General de la República, de atraer la investigación de ciertos delitos, entre otros de los periodistas; lo que se va a hacer es facultar al Congreso para que pueda legislar en distribuir competencias entre Federación y estados”, reiteró.
Además, dijo, se requieren recursos para continuar impulsando acciones de protección a personajes que sean sujetos de agresiones, a fin de tener la capacidad para realizar esa gestión de procuración y prevención.
Agregó que en caso del periodista Ciro Gómez Leyva la investigación se hizo rápido y con esmero, una víspera la de resultado; desafortunadamente, en otros casos no fue así.
