Posicionamiento en contra, de la Senadora Patricia Mercado Castro, durante la discusión en tribuna del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y de la Ley de Puertos. Senado de la República.
Muchas gracias presidente:
Esta propuesta por supuesto parte de un gran diagnóstico, una gran verdad, que es que en nuestro país hay muchas cosas que transformar. Que a donde hemos llegado no es a un país que nos dé, nos ofrezca, calidad de vida a todos quienes vivimos en nuestro México.
Sin embargo hay acuerdos fundantes del Estado mexicano, hay acuerdos de convivencia que hemos construido en la historia de nuestro país y uno de ellos, precisamente, es que nuestras Fuerzas Armadas no son las que tienen que ponerse al frente en actividades en tiempos de paz.
Me parece que ese acuerdo fundante de nuestro Estado, a partir de nuestra historia, igual que digamos que esta gran definición de nuestra República Federal, representativa, laica y democrática.
Lo que se está proponiendo no es sólo un cambio de adscripción, mucho menos es una reforma administrativa. La Secretaría de Marina podrá presupuestar y administrar los puertos, adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos, también tendrá bajo su responsabilidad la educación náutica mercante, control de las telecomunicaciones, inspección del cumplimiento de tratados internacionales y otras normas, lo que implica aplicar las sanciones.
De nuevo hay una falta hacia el artículo 129 Constitucional, y creo que aquí se ha debatido sobre la interpretación de este artículo, que establece que en tiempos de paz el ejército no intervendrá en actividades de carácter civil, y que sólo lo podrá hacer cuando sea en apoyo o auxilio a las autoridades civiles, sin tener el mando o el control de esas actividades.
Las autoridades navales militares, que merecen todo nuestro respeto y reconocimiento, no deben ejercer funciones para las que no están preparadas, reguladas y limitadas. Sin duda, la institución se puede ver muy afectada en los casos en que se violen los derechos humanos o las normas civiles para las actividades náuticas.
No encontrarán ninguna democracia consolidada en el mundo en que la Armada sea, en tiempos de paz, quien administre los puertos y todas las actividades marítimas.
Quisiera recuperar la aportación que en parlamento abierto en la Cámara de Diputados ofreció la catedrática Bárbara Stepien. Afirmó que aunque la Organización Marítima Internacional (OMI), si bien no obliga a que la administración marítima de los países sea civil, sí son de carácter eminentemente civil los procedimientos que regulan sus convenios
La Dra. Stepien argumentó que los 10 países más grandes con registro de banderas, es decir, los que tienen una mayor presencia en el sector marítimo comercial, todas sus administraciones marítimas pertenecen al sector civil y donde no existe ningún tipo de involucramiento militar.
Reflexionemos lo que significa no solo esta reforma, sino varias decisiones en que se han entregado actividades del servicio público a las Fuerzas Armadas como ya se ha planteado esta mañana.
Sí nos preocupa la corrupción, y con esto termino presidente, hagamos las evaluaciones, las auditorías y las investigaciones para evitar y sancionar los actos indebidos, existen instrumentos y estándares adecuados para hacerlo y entonces planteemos las reformas pertinentes, las decisiones legislativas no pueden partir sólo de la confianza en el cuerpo militar o sólo del desprecio por el servicio público civil, todo o nada, debemos tomar decisiones equilibradas con evidencia de los aciertos y los errores.
Muchas gracias.
