La Fiscalía de Perú inició un proceso de “diligencias previas” contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el primer ministro, Alberto Otárola, por las muertes registradas durante las protestas que sacudieron al país en diciembre pasado.
“La Fiscalía de la Nación dispuso realizar diligencias previas respecto a las denuncias presentadas contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; Alberto Otárola, en su condición de ministro de Defensa; César Cervantes, exministro del Interior y otros”, informó la institución a través de Twitter.
Según explicó el Ministerio Público en su mensaje, las denuncias, de las cuales no ofreció mayores detalles, tienen como objetivo “investigar las muertes ocurridas durante las manifestaciones realizadas en diciembre de 2022”.
Tras el anuncio, la Presidencia de la República indicó en la misma red social que la mandataria Boluarte “saluda la decisión de la @FiscaliaPeru de iniciar diligencias previas respecto a los hechos ocurridos durante las manifestaciones de diciembre”, en las que murieron 28 personas.
Asimismo, aseguró que el Ejecutivo dará “todas las facilidades que correspondan” para el pronto esclarecimiento de los hechos, tal como lo ha solicitado en reiteradas oportunidades la jefa de Estado.
En diciembre pasado, Perú registró jornadas de protestas violentas, luego de que el Congreso decidió destituir el 7 de ese mes al entonces presidente Pedro Castillo y juramentar en su lugar a Boluarte, quien en ese momento era su vicepresidenta.
Según informó la Defensoría del Pueblo, 22 personas murieron durante los enfrentamientos con la policía y otras 6 por accidente de tránsito y otros hechos vinculados a los bloqueos de las vías en las manifestaciones.
Considerando la cifra de fallecidos, la congresista por la bancada Cambio Democrático, Ruth Luque, presentó la víspera una denuncia constitucional contra Boluarte ante la legislativa Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Esa denuncia ha considerado dos componentes, uno de ellos la presunta infracción constitucional por el uso de las fuerzas policiales y militares; y el segundo, la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.