El Poder Judicial de Perú sentenció a 27 manifestantes acusados de haber cometido “actos vandálicos” durante las protestas antigubernamentales registradas en la región de Ica (sur), informó este lunes el Ministerio del Interior.
La cartera indicó en un comunicado que estas personas fueron “plenamente identificadas” como autoras de la toma de carreteras en la localidad, por lo que sus condenas llegan a superar los tres años y quedan obligadas a pagar reparaciones civiles por encima de los 50.000 soles (unos 12.900 dólares).
En estos casos no se produjo la prisión efectiva de los sentenciados debido a que, “ante las evidencias que los incriminan, se acogieron a la terminación anticipada, logrando así la obtención de sus sentencias sin mayores dilaciones”, aclaró.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público, adscrita al Ministerio del Interior, logró también que otros 22 manifestantes procesados por actos violentos en diferentes regiones del país reciban mandato de prisión preventiva entre uno y 18 meses, mientras son investigados.
Esas investigaciones en curso corresponden a los sucesos registrados en los departamentos de Puno, Ucayali, Ica, Cusco y Arequipa.
La cartera recordó que la mencionada Procuraduría Pública está encargada de ejecutar “una labor preventiva en las diferentes ciudades del país afectadas por las protestas ciudadanas de los últimos meses, trabajando de la mano de la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía”.
El Perú vive desde diciembre pasado jornadas de protestas, aunque ahora con menor intensidad, en las que manifestantes exigen la renuncia de la presidenta del país, Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones y una Asamblea Constituyente.
En el marco de esas jornadas, que se tornaron violentas principalmente en el sur del país entre diciembre y enero, se han confirmado 69 personas fallecidas, de ellas 47 manifestantes, un policía y 21 personas que murieron por hechos vinculados al bloqueo de las carreteras en varias localidades peruanas.
El Gobierno declaró el domingo estado de emergencia por un periodo de 60 días en las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Tacna y Puno, para garantizar la seguridad y la paz social ante las movilizaciones.
En ese contexto, podrían quedar restringidos o suspendidos el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y tránsito en el territorio, precisó el decreto publicado en el diario oficial “El Peruano”.
