En México existen alrededor de ocho millones de personas con algún tipo de discapacidad lo que representa más del 6 % de la población total del país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de las y los mexicanos con discapacidad, 46 % son hombres y 54 % son mujeres y la mitad de esas personas son adultos mayores.
El 71 % de las personas con discapacidad tienen dificultades motrices en sus extremidades superiores o inferiores, más de la mitad presentan problemas en sus piernas, el 40 % padecen debilidad visual, casi una quinta parte enfrentan situaciones adversas de aprendizaje, memoria o concentración, una cantidad similar tiene problemas para escuchar, 15 % tiene un reto mayor para vestirse, bañarse o alimentarse por sí mismos, más del 10 % no puede hablar o comunicarse como el resto de las personas y el 12 % presenta problemas emocionales o mentales.Ante esta situación, el Estado Mexicano ha realizado diversos esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En ese sentido, el Congreso de la Unión desde hace una década aprobó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el objeto de reconocer a las personas con discapacidad sus derechos humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del establecimiento de medidas que permitan promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.
De igual forma, desde el año 1992 México se ha sumado para la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, que tiene lugar cada 3 de diciembre y el propósito es sensibilizar a la sociedad y a las instituciones públicas y privadas respecto a la necesidad de ampliar las oportunidades y fomentar el respeto que merecen dichas personas, así como fortalecer las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, apoyar a las organizaciones civiles que atienden las condiciones especiales de esas personas y sumar los esfuerzos públicos, privados y sociales para su plena inclusión en la vida económica, política, social y cultural del país. Por estas razones, resulta relevante que el próximo 3 de diciembre de 2021 el Senado de la República se sume, una vez más, a la tarea de visibilizar la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad y construir con ellas nuevas opciones para su incorporación a la vida nacional.
