84 países han devuelto, de forma segura, a sus familias a decenas de jóvenes que se encontraban detenidos desde abril de 2020, tras la voz de alarma que lanzó UNICEF entonces sobre los riesgos que corrían los menores de contraer la enfermedad en los centros donde se encontraban retenidos, según un informe de la agencia.
El informe “La detención de niños en la época de la COVID” es uno de los dos estudios publicados antes del Congreso Mundial sobre Justicia para los niños, niñas y adolescentes, que se celebra esta semana de manera virtual.
La respuesta de los países
Henrietta Fore, Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), elogió a los países que habían respondido al llamamiento de la agencia de proteger a los menores privados de libertad durante la pandemia.
“Hace tiempo que sabemos que los sistemas de justicia están mal equipados para atender las necesidades específicas de los niños, una situación que se ha visto agravada por la pandemia del COVID-19“, dijo.
“Al proteger a los niños de unas condiciones que podrían haberlos expuesto a una enfermedad grave, estos países han sido capaces de superar la resistencia de la opinión pública y de impulsar soluciones judiciales innovadoras que se adaptan a la edad de niños. Esto ha demostrado algo que ya sabíamos: las soluciones judiciales adaptadas a los niños son más que posibles“.
En todo el mundo, los niños han sido detenidos, incluidos los que se encuentran bajo custodia antes y después del juicio, o en centros de detención de inmigrantes.
También han sido retenidos en relación con conflictos armados o con la seguridad nacional, o viven con sus progenitores detenidos.
Los efectos del COVID-19
Los centros de detención suelen estar masificados, y los niños que se encuentran en estas dependencias carecen de un acceso adecuado a los servicios de nutrición, atención sanitaria e higiene.
También son vulnerables al abandono, al maltrato físico y psicológico, así como a la violencia de género. Además, a muchos se les niega el acceso a un abogado y a la atención familiar.
UNICEF dijo que la pandemia había afectado profundamente el sistema judicial para los niños. El COVID-19 obligó al cierre de los tribunales, y restringió el acceso a los servicios sociales y de justicia esenciales.
Hay evidencias de que muchos niños, incluidos los que viven en la calle, fueron detenidos por violar las órdenes de toque de queda de la pandemia y las restricciones de movimiento.
Justicia para los niños y las niñas
En todo el mundo, hay aproximadamente 261.000 niños que tienen cuestiones pendientes con la justicia que se encuentran detenidos, según el segundo informe de UNICEF.
“Estimar el número de niños privados de libertad en la administración de justicia” es el primer análisis de este tipo en los últimos diez años, y advierte que el mantenimiento de registros incompletos y los sistemas de datos administrativos deficientes en muchos países significan que el número es probablemente mucho mayor.
UNICEF hace un llamamiento a los gobiernos y a la sociedad civil para que reimaginen el sistema judicial y pongan fin de forma segura a la detención de todos los niños.
“La detención de cualquier niño es una prueba del fracaso del sistema, pero ese fracaso tiene más consecuencias porque los sistemas de justicia destinados a proteger y apoyar a los niños suelen agravar su sufrimiento“, dijo Fore.
“Mientras los responsables políticos, los profesionales del derecho, los académicos, la sociedad civil y los niños y jóvenes se reúnen en el Congreso Mundial esta semana, debemos trabajar juntos para poner fin a la detención de niños”.
Para hacer esto posible, UNICEF pide a los gobiernos y a la sociedad civil:
- Invertir en la concienciación de los derechos legales de los niños en los sistemas judiciales y bienestar.
- Ampliar la asistencia y representación legal gratuita.
- Dar prioridad a la prevención e intervención temprana.
- Poner fin a la detención de niños mediante, entre otras cosas, reformas legales para elevar la edad de responsabilidad penal.
- Garantizar la justicia para los niños y las niñas que han sobrevivido a la violencia sexual, los abusos o la explotación.
- Invertir en procesos de justicia que tengan en cuenta la infancia y el género.
- Establecer tribunales especializados en la infancia, así como de juzgados virtuales y móviles.
